A principios de junio de 2015 tuvo lugar una curiosa reunión. Sucedió en el extremo sur de la Comunidad de Madrid, en un centro de inserción social de extoxicómanos, recuperado por los propios usuarios y activistas de distintas procedencias. Allí se convocó la coordinadora saliente de los acuerdos entre Ganemos y Podemos para las elecciones municipales de ese año, los veinte concejales elegidos por Ahora Madrid y las mismísima alcaldesa, Manuela Carmena. El objeto era decidir cómo se iba a afrontar el mandato municipal. Hubo discusión, risas, comida colectiva y buen ambiente, si bien algo enrarecido por las circunstancias. Poco después, Manuela anunció que no asistiría nunca más a ninguno de esos encuentros. Gobernaría con sus allegados, las personas de su confianza y el estrecho grupo de concejales de la junta de gobierno. Seguramente, se pueden comprender sus razones. Aquellas reuniones no podían determinar el gobierno municipal, pero al rechazarlas de plano (como lo hizo con el programa de gobierno transformado en una serie de “sugerencias y recomendaciones”), Carmena perdió todo contacto con las mismas fuerzas que le habían llevado a la alcaldía.

Este lunes, con los votos a favor del Partido Popular, en contra del PSOE y de Ciudadanos, y seis concejales del gobierno que decidieron no asistir a la votación, Ahora Madrid ha sacado adelante su último Plan Económico Financiero (PEF, por sus onomatopéyicas siglas). En su monto total, el  plan establece unos presupuestos muy similares a los del 2017, cerca de los 5.000 millones de euros. Pero al mismo tiempo modifica por completo el reparto de las partidas de gasto. Sucintamente, la norma congela los gastos en personal y disminuye hasta el ridículo el gasto en inversiones. Estas pasan de los 364 millones de 2016 y 2017 a poco más de 100 millones, que si se resta el pago de una sentencia judicial por unas malas “expropiaciones” del PP, dejan la cifra real en poco más de 40 millones de euros. Si se compara esta cantidad con la trayectoria de inversión del Ayuntamiento de Madrid en los últimos 20 años, las inversiones del PEF son prácticamente nulas. Muy inferiores a la de los años más duros de austeridad (2010-2015), donde la ciudad parecía condenada a la ruina y al rápido colapso de sus infraestructuras; y en los que a pesar de todo se invirtieron de media más de 200 millones de euros anuales.

Al mismo tiempo, el PEF establece el pago de 1.000 millones de deuda. Con una metáfora doméstica, es como si a ustedes el Gobierno les exigiera que este año pagasen cinco o seis cuotas anuales de su hipoteca; sencillamente porque están ingresando más. Si además añaden que la hipoteca no fue contraída por ustedes, sino por quien habitó el edificó antes; y que el préstamo fue destinado a pagar 400 millones en la reforma del Palacio de Correos y a la postre más de 5.000 en el soterramiento de la M30; seguramente pensarán que están viviendo una pesadilla kafkiana.

Montoro lleva persiguiendo al Ayuntamiento de Madrid desde hace un año. Lo hace como un trampero. El cazador de pieles emplea lazos, cepos y redes de dudosa legitimidad: el nuevo artículo 135 de la Constitución y la ley que lleva su mismo nombre, oficialmente: “de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Presupuestaria”. Con estos rudimentos ha exigido a la ciudad de Madrid que todo su superávit primario se dedique a pagar deuda, aun cuando el ayuntamiento esté ingresando más y podría gastar en cualquier cosa que se propusiera. El objetivo de Montoro es claro. Consiste en neutralizar políticamente al Ayuntamiento de Madrid. Varias comunidades y centenares de ayuntamientos de todos los colores incumplen la regla de gasto y no pasa nada.

Hasta aquí podría parecer que la batalla que debería emprender Carmena no tiene vuelta de hoja. Se trataría de oponerse a Montoro y de amagar con no cumplir. Incluso podría forzar la intervención de Hacienda y dejar que el Ministerio se hiciera cargo de los recortes. Al fin y al cabo, si en estos dos años no se van a poder subir los salarios congelados desde hace casi una década, y tampoco se van a poder realizar las inversiones prometidas (viviendas públicas, escuelas infantiles, centros culturales, reformas de colegios, etc) que sea el propio Ministerio quien acuse el desgaste. Pero no. Carmena, presa seguramente de la ideología jurídica propia de su profesión, ha decidido cumplir la “ley”. O lo que es lo mismo, ha decidido someterse al dictado político basado en una interpretación política de una ley clarísimamente política. Una ley elaborada, además, por un gobierno conocido por su propensión a la corrupción, y que a su vez está subordinado al dictamen financiero europeo, detrás del cual conspiran las mismas agencias bancarias tenedoras de cientos de miles de millones de euros en bonos de deuda pública.

Como decíamos, la lectura de esta situación no parecía muy compleja. La alcaldesa, sin embargo, quien el lunes habló de “despolitizar” su candidatura, siempre  cumple. Y a fin de cumplir redactó hace unas semanas un primer PEF que, como es natural en política cuando la contraparte cede sin resistencia, fue rechazado por Montoro con una sonrisa ladeada. Y un segundo, que también fue rechazado por el mismo ministro, esta vez entre carcajadas. Y ahora este tercero, que según parece ha sido realizado a partir de encuentros personales (tal cual). Este PEF, el PEF enésimo, votado por el PP, es el Tratado de Versalles de la nueva política. Una rendición sin condiciones.

En contraste, conviene recordar aquella medida estrella que llevó a la victoria de los ayuntamientos del cambio, la auditoría de la deuda. Básicamente esta consistía en revisar las partidas de gasto, los contratos públicos y los préstamos bancarios; presentar la información reunida a la opinión pública; y abrir un debate sobre qué se debía pagar y qué no. La popularidad de esta medida sacó del anonimato al economista estrella de la Plataforma de Auditoría de la Deuda, Carlos Sánchez Mato, que terminó como concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid. Fue Sánchez Mato (y no Carmena, que no tiene ninguna competencia en la materia) quien consiguió sacar algunos trapos sucios de los años del gobierno del PP, como los sobrecostes e ilegalidades de la M30 o la venta de viviendas sociales a fondos buitre de Botella. También fue Sánchez Mato quién diseñó unos presupuestos expansivos, los que al mismo tiempo que aumentaban la inversión social, paradójicamente pagaban la deuda. Hoy este concejal ha sido cesado por la alcaldesa. La razón esgrimida: no acatar un pacto que ha decidido ella sola y que sólo el PP apoya de forma unánime.

Con el nuevo PEF, las llamadas fuerzas del cambio renuncian a enfrentar la regla de gasto y la “deuda ilegítima”, batalla central hasta hace dos años. Significativas de los tiempos que vienen, y de la dirección hacia la que va la nueva política, han sido las negociaciones que ha mantenido la dirección de Unidos Podemos con la alcaldesa. Según se comenta, la presión sobre Carmena a fin de que cambiase de política ha sido mal recibida. Ante la amenaza de dimitir o de no continuar en 2019, los de Unidos Podemos han entrado en pánico. No espolearán el enfrentamiento municipal con Montoro, tampoco detendrán la política de recusaciones y ceses contra los concejales díscolos. Todo quedará en un proyecto de modificación de la regla de gasto en el Congreso. Un proyecto cuya tramitación se podría prolongar hasta el momento en que ya no existan ayuntamientos del cambio.

El coste a pagar por estas decisiones no exige disponer de artes de adivinación. En el próximo año y medio, el Ayuntamiento quedará entrampado en una política de inversión cero. Cuestiones de evidente urgencia como la limpieza de muchos barrios seguirá sin solución. El anuncio de la ola que viene lo tenemos en la reciente dimisión de Carmen Román, responsable de los funcionarios del Ayuntamiento y de la firma de todos los acuerdos de mejora laboral. Vamos a un tiempo de conflictos laborales, malestar sindical y huelgas contra el ayuntamiento.

La carismática figura de Manuela Carmena está entrando en su ocaso. Su autoridad moral difícilmente podrá ser ya respetada por la mayor parte de los segmentos sociales que la apoyaron. La política de figuras y figurones inspirada por Podemos se está demostrando con el mayor de los fiascos. Aceptar el PEF es el camino seguro a perder el Ayuntamiento.

Emmanuel Rodríguez (@emmanuelrog)

Publicado en CTXT el 18 de diciembre de 2017