Las elecciones catalanas del 21 de diciembre registraron el récord histórico de participación, un 82%. Si recuerdan la desafección política de los catalanes de hace una década —en 2006 apenas se superó el 56 %—, parece un milagro de concurrencia y adhesión.

En sus rasgos más superficiales, el rostro político de Cataluña deja a todos contentos. Las circunstancias anómalas en las que se han producido estas elecciones, tras una declaración de independencia, a golpe de 155, con algunos políticos presos, parecen haber modificado poco la situación. La política de bloques (República / Constitución, Soberanismo / Unión, Secesión / 155) reproduce el paisaje de 2015: los indepes revalidan la mayoría absoluta, siempre y cuando logren contar con la abstención de la CUP; los no indepes pueden decir que el soberanismo se ha quedado en el 47,5% de los votos, cinco puntos por debajo del resto. ¿Empate catastrófico, como le gustaría a los gramscianos de Podemos? Más bien un empate “funcional” a lo que ha sido la forma de la reactivación de la política institucional en Catalunya: el Procés y el antiprocés, una forma espectacular de autonomía de lo político, que en sus resultados concretos y más allá del lenguaje (la autonomía de lo político es sobre todo “lenguaje”) no puede contar con ningún resultado material, institucional, concreto.

En una lectura menos superficial, casi apócrifa de los resultados, se detectan, sin embargo, algunos cambios. Todavía en términos convencionales se podrá leer como una victoria de las derechas: Puigdemont sobre Esquerra, Ciutadans (ojo, primer partido catalán) sobre el PSC, y el PSC sobre los Comuns. Estos desplazamientos apuntan a un giro netamente conservador de la política catalana, pero no sólo en lo que se refiere al marco ideológico. Tras lo que se ha vivido, ya sea como una revolución nacional, ya como una dolorosa amenaza de ruptura, son los partidos de orden y de Estado los que reciben recompensa.

El éxito de la lista del president (Junts per Catalunya) nos demuestra el poder de la prestidigitación, del cual los exconvergentes son maestros declarados. Si hay un político italiano en España este es Puigdemont, como antes lo fue Artur Mas. Lo de ayer fue una abrumadora demostración de que el catalanismo es patrimonio de los herederos de Pujol. La escenificación del president ha devuelto a la minoría de edad, una vez más, a Esquerra, que seguramente vivirá agradecida de no tener que asumir el protagonismo político.

En el lado español, el éxito de Arrimadas dejará también a muchos perplejos, sin duda a los catalanistas que pensarán cómo es posible que uno de cada cuatro votos del poble haya ido a parar a esta formación de perfil tan nítidamente contrario a sus deseos. Ningún partido es tan constitucionalista y español como Ciudadanos. Con la consigna “acabar con el Procés”, Arrimadas ha terminado por ser la principal beneficiaria del Procés. Y ha recibido votos de aquella transversalidad soñada por Podemos: Ciudadanos es primera fuerza en las ciudades catalanas más pobladas y ha sido el partido más votado en el distrito más pobre de Barcelona (Nou Barris), al igual que en el más rico (Sarriá).

Pero los éxitos de estas formaciones son el espejo del fracaso del resto. Apenas merece aquí comentar el hundimiento del PP, su lugar ha sido ocupado por las más modernos y jóvenes de Ciutadans. Más significativa es la relegación de las dos fuerzas que, en principio, parecían destinadas a heredar la ruptura política abierta en 2011: la CUP y los Comuns.

La CUP ha perdido la mitad de sus escaños. Cierto, muchos venían de prestado en las anteriores elecciones por un electorado poco dispuesto a votar la corrupción de los exconvergentes, aunque fuera bajo la marca ciudadana de JxS. Sea como sea, sorprende el abandono social de ayer, sobre todo cuando se contrasta con sus análisis. Desde que comenzó el Procés, los anticapitalistas han establecido una hoja de ruta orientada al estiramiento de las contradicciones de Convergència y Esquerra (su moderación tradicional) y a buscar la reacción represiva del Estado. Aunque en su haber se cuente el empuje a la radicalización verbal del soberanismo y también el entierro de Artur Mas, la CUP apenas ha dejado de operar como un peón (el ala izquierda) de un movimiento (el soberanismo), que parece obedecer siempre a otros dueños. Su hipótesis del desplazamiento hacia la izquierda de la sociedad catalana no tiene una confirmación electoral clara, ni siquiera intuitiva.

La CUP va a sufrir en estos meses las mismas tensiones y contradicciones que experimentó desde 2015: entre apoyar a Puigdemont o dejarle en la estacada, entre obtener conquistas lingüísticas (en torno a a la palabra República) o afrontar el estancamiento de la hipótesis soberanista, que inevitablemente le empuja a otro lugar, bastante distinto. También puede ser el objetivo represivo de un Estado que parece dispuesto a canalizar contra ella las exigencias de su parroquia, que quiere cobrarse nuevos castigos (ya hay algunos expedientes en marcha). La función de la CUP sería entonces la de nutrir un martirologio políticamente funcional al soberanismo formal de Puigdemont y Esquerra, pero ya sin ninguna autonomía política. Sería solo la cabeza del movimiento antirrepresivo.

Todavía más significativo es el batacazo de los Comuns, primera fuerza catalana en las dobles elecciones generales de 2015-2016, y ayer en quinta posición con el 7,5 % de los votos, menos que la ICV de 2003 o 2006, la mitad de papeletas que el PSC y también tres escaños menos que la coalición Podem-ICV-EUiA (Cat. Sí que es Pot) de 2015, en la que los comunes de Colau decidieron no participar porque ellos “sólo iban a ganar a elecciones”. Es la confirmación, seguramente definitiva, de que la irresistible fuerza de Ada Colau, transferida a Xavi Domènech, ha perdido casi todo su empuje. Las razones son complejas, pero no se pueden atribuir únicamente al marco de polarización con el que en Podemos (y en los Comuns) se explican sus resultados en Catalunya.

Los Comuns han tratado de ser el partido de todos y de nadie en la izquierda catalana. Según el patrón de Podemos, su estrategia abrumadoramente televisiva y mediática, el presidencialismo-personalismo de su estilo y su deseo de no incomodar a aquellos rivales con los que se quería pactar (como ERC) les han convertido demasiado rápido en una formación política convencional, más pendiente del cálculo electoral que de cualquier estrategia a medio plazo. De otra parte, lo que debía ser su base política y que se situaba en la periferia metropolitana de Barcelona, en la que disponía de un mínimo de organización en forma de asambleas y círculos, ha basculado a Ciudadanos o ha vuelto al PSC. Los límites del juego institucional se han mostrado una vez más. Y el problema capital de los Comuns es que resulta improbable que su trayectoria sea reversible. La triste articulación de organizaciones débiles y fragmentadas, y de estructuras verticales y presidencialistas deja definitivamente a la nueva política catalana en manos de quien seguramente será la única fuerza capaz de salvarla, paradójicamente la vieja izquierda de “cuadros” de EUiA e ICV.

¿Es este panorama un final o una prórroga de la ruptura catalana (y española)? Cataluña ha sido el laboratorio de la crisis política española. Las cosas han sucedido allí antes que en el resto del Estado. En noviembre de 2003, a algunos meses de la victoria de Zapatero (marzo de 2004), el PSC desplazó por primera a Convergència i Unió de la Generalitat, después de 24 años de gobierno ininterrumpido. El fenómeno Zapatero apenas se podría entender sin el voto catalán. También fue en Cataluña donde el rápido desgaste de los gobiernos progresistas del tripartitde Maragall y Montilla, acabó por llevar al desastre a los socialistas, superados por primera vez en 2012 por Esquerra como segunda fuerza política. En Cataluña, se ensayó además la primera generación de nuevos partidos con representación. En el Parlament de 2012 (antes que en el resto de España) Ciutadans y la CUP obtuvieron sus primeros escaños. También ha sido en Cataluña donde la crisis política ha ido más lejos. Valgan aquí algunos episodios bien conocidos: el rechazo del TC del Estatut de 2004, la Diada de 2012, la consulta del 9N de 2014, el 1O de 2017, la DIU. También el Principat ha sido el campo de pruebas de la renovación de lo viejo. El transformismo de Convergéncia deberá ser analizado como un ejemplo de éxito rotundo por la politología del futuro.

Catalunya nos cuenta, pues, una historia curiosa. Una historia que empieza con el hastío de la política convencional (las mayores tasas de abstención en España). Que sigue con una crisis económica que se vive de una forma particular y sentida, pues confirma los rasgos periféricos de este país, que de ser una potencia industrial pasa a serlo en el sector turístico e inmobiliario, con los efectos sabidos en sus clases medias y en el empleo. Una Catalunya que se reencanta con la política y se galvaniza a favor y en contra de la ilusión de una soberanía que tiene todos los significados posibles (desde la Dinamarca del sur hasta la república socialista). Y que llega a expresar de forma agónica, y también teatral, lo que significa la “soberanía” en un país, todavía rico, integrado en la Unión Europa. El final de esta historia es incierto; pero es muy probable que consista únicamente en volver a una casilla similar a la de antes de las elecciones: una nueva forma de normalidad en la que no se excluyen los presos, las intervenciones del Estado, el uso de la palabra República y otras mil invenciones, pero todas ellas con un escasísimo efecto institucional y material. De hecho, si algo triunfó ayer fue este espejismo político.

 

Emmanuel Rodríguez (@emmanuelrog)

Publicado en CTXT el 22 de diciembre de 2017