El jueves recibí por una lista de Telegram la primera noticia sobre la libertad provisional para los condenados de la Manada. También muchísimos mensajes de indignación y muy pocos argumentos o información concreta de los motivos de la puesta en libertad. Yo tenía algunas dudas sobre cómo debíamos reaccionar, sobre el caso concreto –me faltaban datos, razonamientos jurídicos– pero no me atreví a expresarlas en ese grupo. La unanimidad era abrumadora, casi como un muro. En mis redes sociales también.

Tuve dudas sobre todo porque soy una lega en derecho pero también porque tengo un tic que me hace saltar un resorte interno: una cierta desconfianza por principio en el sistema penal, en la cárcel como solución. Conozco gente que ha sido encarcelada por acciones políticas, por actos de desobediencia, por defender determinadas ideas. Gente que ha sido torturada en el sistema penal. Por eso, defender los derechos procesales siempre me ha parecido un deber, porque los excesos de la justicia pueden recaer fácilmente en gente que lucha contra otro tipo de excesos que consolidan la desigualdad en la sociedad, o simplemente, en personas que pelean por poder decir según que cosas, por manifestarse –y últimamente hasta por cantar, o poner tuits–. Podría haberme pasado a mí o a alguno de mis compañeros. Siempre queda además, que estos excesos también pueden recaer en inocentes, por eso existen los derechos procesales y por eso hay que defenderlos.

Por otra parte, sé que las mujeres estamos teniendo que librar una dura batalla para que las violaciones, los abusos, la violencia en el hogar o la pareja sean reconocidas y combatidas. Hasta hace muy poco en nuestro país lo que en principio se llamó “violencia doméstica” era un “asunto privado” que se toleraba, que a penas se denunciaba. Hoy todavía pedimos más recursos y medidas de protección ante la persistencia de los asesinatos. Hemos tenido que luchar a brazo partido para que se nos crea cuando explicamos abusos –la palabra de una mujer que cuenta una violación es una palabra que ponemos inmediatamente en duda–. Por no hablar de la escasa atención o medidas de protección que reciben las víctimas de trata o las de abusos cuando son inmigrantes que trabajan casi sin derechos en nuestros campos. Estar borracho es una atenuante que puede reducir la pena en caso de violación. Entre otras muchas cosas incomprensibles como la que ha suscitado la reacción furibunda a la sentencia de la Manada: la diferencia entre abuso y agresión basada en la existencia o no de violencia de los agresores o resistencia de la víctima. Si no hay consentimiento, hay violación, decimos. Parece obvio. Así que no. La justicia no protege suficientemente a las mujeres cuando son agredidas porque son mujeres en toda esa construcción que nos hace estar al servicio de otros, o satisfacer a otros, o confirmar a los hombres en su posición de varones a través de la fuerza que ejercen sobre nosotras.

Y con todo esto a cuestas, el jueves cuando estalló la oleada de indignación, yo tenía dudas, pero me costaba expresarlas incluso en grupos de confianza. Todo se acelera en estos tiempos y hay miedo de expresar según que planteamientos. Miedo de los linchamientos en redes, miedo de que te estigmaticen, te boicoteen o te acusen. El periodismo siempre ha sido deporte de riesgo si se confrontaba al poder, ahora también tiene que confrontar los climas sociales. Es bueno que se controle al periodismo, me dije. Pero también acojona un poco. Hay mucho de emocionalidad en estos acontecimientos que funcionan como un clima, que de alguna manera se articulan o generan sujeto político en torno a la indignación. Es importante pensar bien cómo intervenir en ellos porque no es fácil. También necesitaba reflexionarlo un poco más, leer algo más, hablar con compañeras que saben. Tampoco hay por qué opinar sobre todo siempre, me dije. No siempre es útil. Calma.

Casi al momento de recibir la noticia me escribió una amiga:

– ¿Viste lo de la manada? Entiendo la rabia y la indignación, pero me jode salir a la calle a pedir que permanezca gente en prisión.

– A mí me pasa lo mismo. Pero no sé cómo expresarlo o si quiera si vale la pena.

– Pues me ha escrito bastante gente en privado sobre el tema. Si se trata de elegir bandos yo tengo muy claro cual es el mío, pero no puede ser que todo discurso o acción se organice casi instantáneamente en torno a bandos.

– ¿Quieres que más adelante escribamos algo juntas?

– Sí, en el 2019. 😉

Leyendo la protesta

El viernes ya sabía algo más del caso, había leído críticas fundamentadas a la puesta en libertad desde posiciones feministas que hablaban de los límites del derecho en estos casos, al tiempo que defendían las garantías procesales de forma matizada. A pesar de eso, fuimos a la manifestación arrastrando nuestras dudas. Unas chicas gritaban: “Violadores a prisión”.

Una compañera que me acompañaban dijo: “Me cuesta gritar eso”. Otro amigo intervino: “Dan igual los detalles concretos, esto es una impugnación completa. En los últimos 4/5 años, al ciclo 15M le ha seguido un ciclo feminista, que como sucedió en su momento es un poti poti de cosas muy diferentes y no tiene estructuración política. Fijaros, las demandas más concretas se articulan en torno a la violencia, que es como el elemento vertebrador de esta oleada. Esta demanda plantea un conflicto con el Estado, con las instituciones del poder judicial. Molaría que aquí saliese un programa político más amplio de economía feminista, cuidados, etc., pero las condiciones vienen dadas así y está bien que así sea.”

La chica le respondió: “Puede ser, pero aún así, estamos en un momento muy frágil. El discurso hegemónico de hoy es un discurso procarcelario. Esto podría valer para legitimar la cadena perpetua, el propio sistema punitivo patriarcal. Y si no, mira eso” –dijo señalando una pancarta con la cara de los violadores–.

Pero ni las pancartas, ni los monigotes ahorcados que representan a los violadores colgando me preocupaban a mí. No dejan de ser expresiones de enfado, mensajes que más bien hablan de la indefensión de la víctima, de cómo es pasar a la ofensiva simbólica desde la conciencia de la propia fragilidad constantemente recordada a golpe de sucesos en los informativos, una suerte de pequeña revancha emocional. Me preocupaba más la instrumentalización que pudiese hacerse desde las instituciones y partidos que son los que al final tienen la capacidad enunciativa más potente, el acceso a los medios de comunicación y los que en definitiva se arrogan la capacidad de “interpretar” las demandas ciudadanas y el significado de expresiones como una protesta masiva. Es bueno el desborde, ¿pero quién puede decir que significa exactamente una manifestación como la del viernes? ¿Las estructuras del feminismo institucional que están más cercanas al poder? ¿Los políticos que quieren convertir en votos las demandas feministas? El movimiento feminista en estos momentos está absolutamente desbordado por su propia potencia ¿quién tiene la potestad de hablar por él? Es importante resaltar que es desde sus organizaciones formales más diversas –como las plataformas del 8M– de donde salen los mensajes menos punitivistas, son una auténtica referencia.

Por su parte, Soraya Sáenz de Santamaría aprovechó para justificar la prisión permanente revisable –perpetua, sin eufemismos–. Pedro Sánchez se apresuró a hablar de la necesidad de un cambio en el Código Penal y declaró su compromiso con la “lucha contra el terrorismo machista”. No alegra mucho esa comparación porque conocemos perfectamente la legislación de excepción que ha dejado la “lucha antiterrorista” en nuestro ordenamiento jurídico. Y también cómo ha sido utilizada, por ejemplo, en el caso de los titiriteros que tantos juristas criticaron. Como explicaba Beatriz Gimeno en un artículo, los cambios impuestos en caliente y a golpe de emociones favorecen la “impunidad del poder” porque “normalizamos la terrible idea de que cualquier medio punitivo que emplee el Estado es aceptable con tal de conjurar determinados peligros”. La movilización se ha ido articulando como reacción a sentencias judiciales como provocada por el caso de Juana Rivas, y ahora este. Es un programa que plantea una confrontación, ¿pero hacia dónde lo queremos llevar? ¿Cómo se protege mejor a las mujeres? ¿El aumento de penas o el recorte de derechos contribuyen a evitar nuevas agresiones? Los datos nos dicen que no.

“No es un caso aislado, se llama patriarcado. Las calle, la noche, también son nuestras. Que no, que no, que no tenemos miedo” –se cantaba en la manifestación–, con más ganas las más jóvenes, que en general ya no tienen madres que les prohiban salir de noche, pero que se sienten expulsadas del ocio nocturno por las amenazas de agresiones sexuales. Eso estaba también: un acto de afirmación colectivo. Allí, más allá de las pancartas contra los violadores y el cabreo, lo que vivimos fue una enorme alegría de estar juntas. Porque al final, también era un mensaje para la chica que sufrió la violación: estamos contigo, no estás sola. “Mientras haya esto –me dijo otra amiga señalando alrededor–, no habrá fascismo en España”.

Después de la manifestación me encontré en una fiesta con una amiga que estudió derecho. Ella lo tenía claro: “Yo también parto de una mirada antirepresiva porque es a lo que me he dedicado toda la vida, pero tal y como han ido las cosas, para mí la liberación no se entendería sin el movimiento feminista. Es un mensaje, ha sido una reacción por nuestra impugnación al sistema judicial. Es cierto que se tiene que acabar con la diferencia entre abuso y agresión sexual y creo que eso lo estamos ganando. La realidad ahora es que nos estamos encontrando con jueces que hacen lo posible por aplicar abuso porque agresión implica penas de hasta 15 años de cárcel. Son muy altas y a los jueces les cuesta aplicarlas. Si se reforma la ley habría que bajarlas. Pero a ver quién dice eso en este contexto.”

Un feminismo del deseo

Una investigadora que ha estado trabajando en prisiones con violadores, Rita Laura Segato intervino el año pasado en el Senado argentino en contra de la propuesta de privar de ciertos derechos a los agresores sexuales –como las salidas transitorias o la libertad condicional–. Ella explica que las agresiones sexuales que conseguimos tipificar como crimen constituyen la punta de un iceberg de un comportamiento social extenso y que implica una espiral de violencia de más calado. Así, la violación sería sólo otra manifestación de una serie de “agresiones” que se reproducen socialmente, que nos atraviesan a todos y que arrancan con la cosificación de la mujer. Es lo que desde el feminismo se llama “cultura de la violación”. Cómo confrontarla también implica un debate: si mediante la prohibición o a través del trabajo político de producción discursiva y la propuesta de modelos alternativos. (Por la forma de conducir el debate en las redes y las peticiones de boicot y prohibiciones, parece que la mentalidad punitivista arraiga también muchas veces en nuestros movimientos en diferentes lugares.)

En cualquier caso, si el problema de las agresiones es social, como dice Segato, las soluciones no pueden pasar solo por lo penal que acaban por “enviar al violador a una verdadera escuela de violación como es la cárcel”. Y propone un trabajo en varios planos, donde la formación de los jueces sería una parte más, en la línea de lo que propone el protocolo Estambul, donde desde una mirada no punitivista, se reclama una revisión del funcionamiento de la justicia en clave feminista.

“¿Son las soluciones que el Estado puede dar el tipo de soluciones que necesitamos? ¿O deberíamos ser capaces –sin abandonar ese camino– de pensar en otras formas de transformar la sociedad y las relaciones entre las personas? Pienso que estamos en tiempo ya de pensar en otros caminos de la propia sociedad. Caminos que tienen que ver con la reconstrucción de lazo allí donde existen jirones de comunidad –como todavía se da ciertamente en España–, reconstrucción de vida relacional, de una comunidad que cuida. Reforzar ese camino traerá soluciones mejores para la protección de las mujeres que las penas de cárcel, que las penas punitivas. Hay que reforzar un ojo vigilante que es el de la propia sociedad”, decía Segato en una entrevista.

No queremos una justicia machista que no nos defienda y no creemos que la solución sea el populismo punitivo. La posición es complicada y a veces es difícil de explicar. En esta línea, decía Silvia Federici que la violencia que sufrimos no es solo violencia individual, es también del Estado, de la policía y de las cárceles, y que “el feminismo es un movimiento contra la violencia y los abusos institucionales, pero también es una manifestación de deseo, de voluntad de construir una sociedad diferente.” La justicia no siempre equivale a más castigo. Más penas y menos derechos no nos van a proteger mejor de esas violencias que se retroalimentan, pero más feminismo, es decir, más estar juntas en el camino hacia esa sociedad diferente que prefiguramos, con toda seguridad sí.

 

Nuria Alabao (@nu_alabao)

Publicado en CTXT el 27 de junio de 2018