Desde la semana pasada hemos asistido a una guerra de versiones sobre la muerte de Mame Mbaye. Parece que el foco mediático o el partidismo interesado intentan desdibujar la realidad de la venta ambulante en la manta.

Si hablamos solo de Madrid, cualquier persona que haya pasado por Sol habrá visto persecuciones de la policía municipal a “manteros”. Es una imagen ya habitual del centro de la ciudad. Al pasar por allí pueden verse las caras de tensión, la mirada hacia todos lados y los avisos entre unos y otros vendedores cuando asoma la policía municipal. Una vida llena de estrés y de tensiones, cada día, cada vez que intentan ganarse la vida. Una angustia que va mellando la vida, poco a poco, día a día. Pero ante la evidencia de lo que desgraciadamente es la vida cotidiana en la Puerta del Sol se ha tratado de levantar un telón de engaños. Se ha dado por hecho que lo que vemos cotidianamente no existe, que el racismo diario y las fronteras que atraviesan nuestras vidas no matan.

El Sindicato de Manteros y Lateros de Madrid lleva tres años denunciando el hostigamiento policial. Han recogido testimonios de fracturas de brazos y piernas, algunas de las cuales han provocado secuelas permanentes. Esto lo han denunciado en reuniones a puerta cerrada con representantes del Ayuntamiento de Madrid, como Marta Higueras, Manuela Carmena y, en varias ocasiones, con Javier Barbero. Les transmitieron la situación, recogieron varios casos y los presentaron. Denunciaron de nuevo ante el defensor del pueblo, en el Congreso y en el Parlamento Europeo. Pero nadie comenzó una investigación a fondo. La realidad es que no se tomaron en serio las denuncias, que no se preocuparon por los derechos de parte de la población más vulnerable de Madrid. No defendieron un municipalismo antirracista.

La realidad es que no se tomaron en serio las denuncias, que no se preocuparon por los derechos de parte de la población más vulnerable de Madrid

Con la postura del Ayuntamiento en la rueda de prensa que dieron el viernes 16 de marzo, se posicionaron del lado de la versión de la policía municipal. Ni siquiera hablaron de los testimonios de los compañeros que acompañaban a Mame Mbaye, quienes ya conocían, y desmentían, la versión policial. Se colocaron de nuevo de espaldas a las denuncias, echaron tierra por encima de quienes habían perdido a su compañero y amigo. De quienes además son más débiles y tienen mucho más que perder.

Cuando hace cuatro años diseñábamos la apuesta municipalista, pensábamos en un movimiento que pelease por una sociedad sin racismo, imaginábamos instituciones que compensaran la segregación de la Ley de Extranjería, que denunciasen la situación de quienes en la mayoría de las ocasiones no pueden denunciar porque el racismo institucional les roba la voz.

Seguimos pensando que desde el Ayuntamiento se pueden hacer diversas cosas en la línea de un municipalismo transformador, que denuncie la violencia de las fronteras. En estos momentos, una investigación capaz de dirimir responsabilidades y hacer justicia a las muertes de Mame Mbaye y de Ousseynou Mbaye debería ser un primer e ineludible compromiso. En segundo lugar, es fundamental proteger a los vendedores expuestos a la potencial violencia policial. Sin papeles no se puede denunciar a la policía ante la propia policía. Es necesario establecer protocolos que protejan a las personas vulnerables, acometer las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos denunciados por el Sindicato de Manteros y Lateros así como hacer públicas estas acciones.

Seguimos pensando que desde el Ayuntamiento se pueden hacer diversas cosas en la línea de un municipalismo transformador, que denuncie la violencia de las fronteras

Por otra parte, es absolutamente desproporcionado que las ordenanzas municipales impongan multas de 200 a 300 euros por vender en la calle. Estas cifras son impagables para las personas condenadas a ganarse la vida en la venta ambulante de manta y lata, quienes terminan acumulando deudas astronómicas con la administración. Estas deudas les impiden llevar a cabo los procesos de regularización. Una vez más, la pescadilla que se muerde la cola: condena a una actividad ilegal para ganarse la vida; multas desproporcionadas por el ejercicio de la misma; cierre por deuda a cualquier posibilidad de cambiar la situación de exclusión de partida. En consecuencia, estas ordenanzas deberían reformularse tanto para no empobrecer aún más a vecinos que sólo intentan sobrevivir, como, y sobre todo, para no sentenciarlos a un ostracismo social definitivo.

Además de lo anterior, el Ayuntamiento debe denunciar públicamente y abrir un amplio debate sobre la Ley de Extranjería. No puede permitirse que en la ciudad de Madrid haya personas que lleven viviendo más de diez años sin tener plenos derechos. En definitiva, es una responsabilidad del Ayuntamiento de Madrid garantizar la vida de los compañeros de Mame Mbaye y de Ousseynou Mbaye en las mismas condiciones que cualquier otra persona de esta ciudad, máxime cuando no fueron capaces de evitar su muerte. ¿Cómo? La Asociación Sin Papeles de Madrid y la Red interlavapiés ya lanzaron una campaña en el 2016, la campaña Papeles por Derechos, en la que proponían una vía muy simple para que las instancias municipales pudieran reconocer las pruebas de arraigo presentadas desde las asociaciones de forma que no hubiera vecinos ni vecinas sin plenos derechos de ciudadanía. Para que no hubiera, en definitiva, ciudadanos de segunda. Porque las leyes injustas y que segregan, son intolerables.

Es absolutamente desproporcionado que las ordenanzas municipales impongan multas de 200 a 300 euros por vender en la calle

Es cierto, por último, que la línea entre lo tolerable y lo intolerable no la puede trazar quien piensa que un programa de gobierno elaborado de forma amplia y democráticamente participada por quienes construyeron, impulsaron y votaron a AM, es solo una “lista de sugerencias”. Esa línea solo la puede forzar ―hasta hacer intolerable lo intolerable, en un sentido de profundización democrática― la calle. Esto es, las personas directamente afectadas que, con voz propia y autonomía, se erigen como sujeto político y agentes de cambio emancipador. En este caso, una alianza potencialmente ganadora entre los espacios de organización que llevan peleando desde hace muchos años por la libertad de movimiento y contra las diferentes declinaciones del racismo institucional (espacios como la Asociación Sin Papeles y el Sindicato de Manteros y Lateros de Madrid) y las nuevas redes tejidas en torno al antirracismo que se expresaron con determinación más que esperanzadora en la concentración en protesta por la muerte de Mame Mbaye el pasado 16 de marzo en Lavapiés.

Y solo hablamos aquí de la ciudad de Madrid. Por supuesto, el movimiento articulado en torno al eje fundamental del antirracismo se expresa de una forma cada vez más plural y masiva en muchas otras ciudades como Barcelona, Zaragoza o Valencia. Los vínculos entre todas ellas son cruciales para un movimiento municipalista antirracista capaz de frenar el nuevo auge de las derechas que, más o menos “extremas” ―desde los neofascismos hasta el populismo oportunista de Ciudadanos―, tratan de maquillar los efectos de las políticas de empobrecimiento generalizado de las ciudades neoliberales construyendo chivos expiatorios y azuzando una guerra entre pobres. No nos dejaremos engañar.

 

Marisa Pérez Colina (@alfanhuisa) y Miriam Bueno (@amirnut)

 

Publicado en El Salto el 23 de marzo de 2018