Lo quiera o no, el municipalismo parece condenado a toparse una y otra vez con el problema de la organización. Como si del freudiano “retorno de lo reprimido” se tratase, esta cuestión suele emerger en momentos de crisis, cuando aparecen límites u obstáculos en el campo político que bloquean la acción desde un punto de vista transformador. Entonces, tras la sacudida y el conflicto, los agentes que ocupan este espacio —cargos institucionales, militantes de candidaturas municipalistas y movimientos sociales— experimentan momentáneamente una súbita interrupción de las inercias cotidianas, una oportunidad para reflexionar en clave colectiva. Sin embargo, estos instantes suelen ser engullidos por un presente aplastante que siempre reclama atención —también, conviene no engañarse, por la falta de costumbre a la hora de debatir en términos estratégicos—. Y es que ya se trate del fracaso de un proceso de remunicipalización o de la desconexión de un ayuntamiento frente a las demandas de los movimientos, las tensiones y ajustes entre las partes no suelen resolverse —o cuanto menos, abordarse— a través de una discusión honesta y real. Eludir la confrontación a través de simulacros y medias verdades —además de generar confusión— cortocircuita el diálogo y las construcción de posibles alianzas, fragmentando un espacio político ya de por sí atomizado por las condiciones del “asalto institucional”.

Por retomar brevemente la metáfora psicoanalítica: aquello que es expulsado del plano de la consciencia, en este caso del ámbito de la discusión política, no por enterrado dejará de retornar insistentemente y con vehemencia, especialmente en coyunturas que revelan de golpe la fragilidad y falta de cohesión del ecosistema municipalista. Eso es precisamente lo que sucede con la cuestión organizativa. Si recorremos rápidamente el acelerado ciclo de campañas, configuración de primarias y construcción de confluencias que desembocó en las elecciones municipales de 2015, veremos como tras toda una serie de discusiones en torno al plano electoral y comunicativo, las dimensiones orgánicas del proyecto municipalista quedaron eclipsadas. Sólo parecía importar la pugna por adquirir peso institucional. El problema es que quedaron en el tintero preguntas tan clásicas como centrales: tras la llegada de un buen número de activistas a los ayuntamientos ¿Qué hacer? ¿Cómo trabajar políticamente? ¿Cómo mantener los vínculos con la sociedad movilizada? ¿Qué tipo de organización es necesaria para materializar formas de autogobierno real desde una perspectiva política y económica? Salvando algunas excepciones, el hecho de no haber dotado a esta discusión de la relevancia colectiva que merecía, terminó por derivar en cierta ceguera tacticista, una falta de visión que rápidamente fue suplida por el common sense institucional. Y es que si hubiese que responder a la pregunta de quién asalto a quién, habría que decir —casi con toda seguridad— que ha sido el Estado el que ha asaltado al municipalismo.

Lo cierto es que el análisis estratégico y la apuesta organizativa son siempre correlativos: no dejan de ser las dos caras de una misma moneda. Sin una elaboración concertada de los mismos, lo más sencillo es que los agentes que participan en el horizonte municipalista se disgreguen: algunos autonomizándose de sus antiguas asambleas y asumiendo, a veces con todos los honores, los rituales de la institución, otros profesionalizando su militancia en la gestión y olvidándose del afuera. También los movimientos, incapaces de encontrar una contraparte en los ayuntamientos, acaban por dar vueltas en círculos alrededor de un muro que, en principio, debiera ser un apoyo y una herramienta para sus demandas. Probablemente en el tema organizativo encontremos un verdadero escollo, pero no tanto en relación con el municipalismo como respecto del propio ciclo político abierto por el 15M. Salvo la PAH y algunas apuestas singulares y más territorializadas (Centros Sociales, ciertas inovaciones en el plano del sindicalismo social), el haz de movimientos quincemayista no fue capaz de impulsar formas de organización estables o duraderas, esto es, entornos organizados capaces de compartir prácticas y articular proyectos más allá de los formatos “campaña” o “movilización”.

Bien es cierto que sin las novedosas dinámicas de “enjambre” desplegadas en el 15M, sobre las que se asentaron las virtuosas campañas de Podemos y el municipalismo, hubiese sido imposible romper el “candado” electoral de las instituciones. Sin embargo, toda la nueva política ha llevado consigo el mismo lastre: una ausencia casi total de debates colegiados sobre sus líneas de acción, incapacidad de estructuración orgánica y una clara infravaloración de lo que significaba mantener una posición institucional en un entorno que, inicialmente, se pretendía movimentista.

El estado de las cosas

Pese a lo que en principio pudiera parecer, no se trata de realizar aquí una suerte de genealogía de los errores o contradicciones de este ciclo, algo siempre fácil desde una mirada retrospectiva, sino más bien de abordar un estado de cosas harto complejo. Actualmente el municipalismo —como fenómeno amplio que abarca realidades institucionales y de movimiento— se encuentra en una posición bastante precaria en términos políticos. De hecho, la palabra a subrayar es la precariedad: desde 2007 a 2016 los salarios más bajos cayeron un 28 %, mientras que los de las clases medias lo hicieron en un 8 %, pero desde hace algo más de un año la melodía machacona de la recuperación económica no deja de sonar, insistiendo en el relanzamiento de los sectores productivos que llevaron la economía española al desastre. Si bien se busca resucitar el modelo financiero-inmobiliario español por otras vías, revitalizando a su vez el imaginario de “ladrillo y turismo igual a empleo” —”el paro ha disminuido por debajo del 20%, estamos en la senda de la recuperación”— la verdad es que el paisaje social es desolador: en 2015 el decil más rico acumulaba ya casi una cuarta parte de la renta nacional (24,8 %), prácticamente lo mismo que el 50 % más pobre (26,3 %). Por supuesto, todo el empleo generado en esta nueva ola de pseudo-crecimiento va adjetivado con la palabra “de moda”: trabajo precario.

Por otra parte, las tasas de riesgo de pobreza y exclusión se encuentran en un 27’9%, y desde 2008 hay 1.242.000 personas más en riesgo de pobreza. La cifra global es simplemente brutal: la pobreza afecta a casi diez millones y medio de personas (22’3% de toda la población). Estos datos deberían hacernos pensar en lo que está sucediendo por debajo de nuestras ciudades y sus escaparates comerciales: una brecha social real, un paisaje urbano dividido y fragmentado. Más allá de la engañosa música de los brotes verdes y la mejora de algunas políticas sociales por parte del “municipalismo del cambio”, estamos hablando de una tendencia de carácter estructural cuya espiral de desigualdad señala una nueva y silenciosa crisis social —la económica tampoco tardará demasiado en llegar si el BCE pone fin a sus políticas de expansión cuantitativa—. A la luz de todos estos fenómenos, la cuestión de la organización cobra un nuevo carácter, como también lo hacen las apuestas de sindicalismo social y todo aquello que habitualmente incluimos bajo el rótulo de las periferias. No sólo existe la urgencia de construir un nuevo horizonte que aúne diferentes empresas políticas con espíritu de movimiento, sino que éste debe sortear los muros que han encerrado este ciclo político en el estrecho cerco de las clases medias y la tecnocracia gestionaria. También será necesario salir de la comodidad de un gobernismo “progre” que al enunciar el término ciudadanía —noción vaga donde las haya— no designa más que un universal chato y abstracto donde al final sólo puede reconocerse una mesocracia en trance de extinción.
En cualquier caso, si una nueva crisis económica sacude la provincia española, las posiciones institucionales del municipalismo, tal y como han sido construidas, difícilmente resistirán el golpe. No sólo por ser la escala de gobierno más débil dentro del Estado, sino por su endeblez orgánica y falta de capacidad para interactuar con su propio ecosistema político. Pero cambiar el rumbo y volver a trabar vínculos con los movimientos —hoy en horas bajas y desafectos— pasa por abandonar esa política de cubrir los propios errores o déficits con participacionismo light y coloridos presupuestos de dudosa ejecución. Al contrario: se trata de visibilizar los límites de la acción institucional y ensanchar —con otros y otras— el campo de lo posible; de ser capaces de desplegar conflictos que escalen, agreguen y permitan agitar las viejas maquinarias institucionales para obligarlas a caminar en otra dirección.

¿El partido del municipalismo?

El problema de la organización se desliza, podríamos decir que por su propia naturaleza, hacia una tema más clásico y conocido: el problema del partido. Pero en un ámbito como el municipalista, que no se deja capturar bajo ninguna figura unitaria ni homogénea, dicha figura política debe salir necesariamente transformada, sobre todo porque debe responder a necesidades y agentes que no se encuadran en ninguna lógica partidaria clásica. Por ello convendría descartar, ya desde el principio, el experimento de una estructura como la de Podemos, un partido-movimiento fallido, a veces más izquierdista, otras más “transversal” y progre, que no ha podido cuajar ni orgánica ni territorialmente. En gran medida porque sigue obedeciendo a una lógica excesivamente electoralista: una serie de rostros comercializables acompañado de un staff especializado en esas lides. Regresando al ámbito municipal, difícilmente podrá el polo institucional o la plataforma electoral “liderar” a los movimientos y al tejido organizado del territorio, haciéndoles funcionar a un compás que les resulta necesariamente ajeno. Se trata, más bien, de lo contrario: de convertirse en una función institucional y electoral de los movimientos, del ecosistema que constituye el polo innovador, conflictivo y democratizador del horizonte municipalista. Sin esa vinculación conjugada de manera virtuosa, las inercias del ámbito institucional frenarán —tal y como ha sucedido hasta ahora— cualquier proceso transformador de cierto calado.

Mantener la tensión entre las instituciones y la dimensión de movimiento requiere una apuesta orgánica que sea capaz de dar cabida a agentes sociales muy diferentes dentro del territorio, generando espacios de encuentro que permitan dialogar y concertar estrategias colectivas. ¿Pero dónde encontrarse? Se trataría de construir enclaves en el territorio que favorezcan dichas discusiones, tales como ateneos, casas del pueblo o Centros Sociales autónomos —si nos remontamos históricamente existen un buen número de ejemplos—. Sin dispositivos locales abiertos que permitan centralizar encuentros, conversaciones y articulación popular —y cuyo modelo puede ser bien diferente según los casos— resultará casi imposible plantear desafíos políticos sostenidos en el tiempo más allá de eventos episódicos. Por otro lado, y como comentábamos hace un momento, el polo institucional y electoral debe obedecer al movimiento, intentando redistribuir el poder hacia fuera a sabiendas de que se está en un espacio que opera de forma inversa: las instituciones liberales concentran el poder y premian la autonomización de los electos —el carrerismo—. Como decía Max Weber, la representación libre hace del electo una suerte de “señor” de sus votantes, pues no tiene por qué tener en cuenta las opiniones de quienes delegan en él, sino que es amo de su propia conducta; sin embargo, aquí se trata de construir formas de representación vinculada, plegadas a un movimiento hacia el cual los electos deben comportarse como “funcionarios” del mismo. Mandar obedeciendo.

Más allá de lo local, la cuestión de la organización plantea un reto más amplio: el de la federación a nivel autonómico y estatal del movimiento. Si bien ya existen pasos en esa dirección —encuentros actuales como los MAC apuntan a ello— dicha federación debe concretarse de manera orgánica y evitar una dinámica espasmódica. En este sentido, habría que volcar parte de los esfuerzos en la creación de enlaces municipalistas que permitan ampliar la escala de acción del movimiento. Para concluir, quizá valga la pena recordar la vieja “paradoja” de la democracia que Cornelius Castoriadis supo expresar tan bien: construir instituciones que favorezcan la autonomía de la sociedad requiere siempre de un contrapoder, un contrapeso crítico y reflexivo que no puede ser sino creativo y plural. Un movimiento que oscila entre la participación y la subversión. Es el único modo de radicalizar la democracia y de evitar que las instituciones se conviertan en zombies políticos dedicados a enajenar la riqueza colectiva. Eso lo que hace el neoliberalismo a través de la arquitectura institucional de la democracia liberal. Si tenemos en cuenta la crisis actual y su posible desarrollo a futuro, la tarea más urgente del municipalismo está en su organización y articulación como contrapoder desde abajo. Frente a la crisis y sin un frente colectivo sólido —híbrido y capaz de ensanchar su base social— la apuesta municipalista puede terminar en un callejón sin salida: integrada como un partido político más o directamente rota por su debilidad orgánica. En cualquier caso, sigue existiendo un espacio político y social por disputar.

 

Mario Espinoza Pino (@MarioEspinozaP)

Publicado en El Salto el 20 de octubre de 2017