Desde hace algunos meses se ha vuelto a plantear la necesidad de revisar el planeamiento de la ciudad de Madrid. En este sentido, tendemos a pensar que el Plan General actualmente vigente estaba planteado con un solo objetivo: permitir el desarrollo de la ciudad hasta agotar el suelo. Esta es, sin embargo, una visión parcial y algo ingenua ingenua del documento publicado en 1997.  El Plan incluía también decenas de operaciones dentro de la ciudad habitada, algunas heredadas del Plan General de 1985, si bien revisadas desde la óptica de la rentabilidad económica del operador, con la justificación de que sin generosas prebendas las propuestas no se llevarían a cabo. De hecho, muchas de las operaciones que están hoy en discusión ya estaban previstas en 1997; es el caso del el TPA, el Paseo de la Dirección, las cocheras de Cuatro Caminos o la Operación Chamartín.

Además, y como no podía ser de otra manera, el PGOU recoge toda la regulación aplicable dentro del tejido construido y habitado, destacando la  ordenación de los usos y la posibilidad de transformación del tejido físico. Permite o prohíbe la instalación de nuevas actividades económicas estableciendo las condiciones de convivencia con la vida ciudadana: movilidad, ruidos, calidad ambiental, soleamiento, etc. Los procesos de turistificación del centro, manifiestos en el crecimiento de hoteles, apartahoteles y pisos turísticos con todos los efectos asociados (elevación de precios, cambio del comercio, expulsión de población), así como la gentrificación o el abandono de la periferia están íntimamente relacionados con la propuesta que el plan general tiene para el conjunto del tejido habitado. Valga decir que el plan general de 1997 era sobre todo un proyecto y un modelo de ciudad para toda las áreas habitadas. No es, por eso, de extrañar que el cambio de paradigma en el mundo urbano, también en Madrid (y que podríamos resumir en el lema de “la intervención en la ciudad habitada” frente a la expansión de la ciudad, propia de los años del boom), esté capitaneado también por el negocio inmobiliario, que una vez más parece campar a sus anchas.

Aunque el planeamiento parezca un instrumento farragoso e incompresible, siempre esconde una propuesta concreta que dirige nuestras ciudades hacia uno u otro punto. Y más importante aún, nos guste más o menos, la herramienta de planificación, es el marco legal que gobierna el desarrollo de la ciudad. Su vigencia es además indefinida. O lo cambiamos por uno nuevo, o el plan general de 1997 seguirá marcando el futuro de Madrid. Con este marco, la apuesta por nuevas estrategias urbanas, muchas de ellas estupendas, que recogen algunos de las demandas ciudadanas y que pretenden poner solución a todos los problemas detectados, no podrá nunca sustituir ni someterse a las previsiones de 1997. Aquellas estarán condenadas en el mejor de los casos a convivir con estas. Y en el peor, a someterse a lo dispuesto en el plan general. Por eso, ante la duda y en la mesa de los servicios jurídicos, siempre prevalecerá el modelo neoliberal, donde los agentes inmobiliarios construyen y en gran parte deciden sobre la ciudad.

Contra la redacción y discusión pública de un nuevo plan se suelen presentar multitud de problemas. Uno de los mantras para evitar modificar el planeamiento vigente proviene de la llamada “judicialización”. No obstante, en un contexto como el actual, donde las propuestas se juegan dentro de la ciudad habitada, el recurso a los tribunales debe entenderse como la representación del pulso de los ciudadanos y los movimientos sociales con el sistema inmobiliario; especialmente, en una situación en la que los poderes públicos parecían haber tirado la toalla. Desde el inicio de la crisis en 2007, los recortes presupuestarios han producido un progresivo vaciamiento de la administración, como si esta no dispusiera de toda una maquinaria de recursos patrimoniales y humanos capaces de seguir pensando e inventando formas más baratas de dar solución a los problemas cotidianos. Por otra parte, la judicialización de los procesos ha permitido redefinir algunos de los criterios que se estaban aplicando, consiguiendo una ciudad un poco más justa. Ejemplo de ello son la reserva del 10% de la edificabilidad residencial para vivienda de protección o la reserva de las redes locales junto a la edificabilidad.

Uno de los grandes retos en estos momentos es repensar el papel de cada uno de los agentes en la construcción de la ciudad. Desde el inicio del planeamiento en 1956, el sistema inmobiliario ejecuta las previsiones de la administración. Su protagonismo, de hecho, no ha parado de crecer. A resultas de ello, la ciudad ha dejado de construirse para dar cobertura a las necesidades de la población, especialmente cuando la provisión de estas necesidades no era económicamente rentable.

El desarrollo urbano se viene justificando en términos de “progreso”, como generador de actividad económica y empleo. Contra este argumento, habremos de poner siempre delante la democracia. Es el momento de recuperar el control sobre la producción de nuestra ciudad. Nos jugamos demasiado en esta batalla como para no disponer de todas las herramientas posibles.

 

Pablo Carmona (@pblcarmona) y Raquel Rodríguez (@RakiRodrguez)

Publicado en Público el 28 de febrero de 2017