“Una clase política corrupta es solo el espejo político de una sociedad corrupta”. Se trata de una cita sin autor, una cita de evidente moralismo, pero que debe ser tomada muy en cuenta por cualquiera que trate con algo de profundidad el problema de la corrupción. De natural, somos bien intencionados, queremos “ser buenos”, estar del lado bueno. Por eso, la corrupción se presenta como un cáncer, una anomalía, algo excepcional y acotado. Incluso cuando es manifiesto (como es el caso) que la corrupción es “transversal” a toda la clase política, el discurso político (por ejemplo el de Ciudadanos, pero también el de Podemos) tiende siempre a separar positivamente a la ciudadanía, o al pueblo honesto y trabajador, de aquella parte corrupta, que le es ajena. La corrupción es, por tanto, cosa de los políticos, de un segmento de los políticos. Basta tener buen periodismo y buenos jueces. Pero lo cierto es que este enfoque no entiende, ni por asomo, lo que podríamos definir como la “sustancia de la corrupción”. Y que no es otra que la del propio ejercicio del poder.

La democracia fue para la Atenas clásica el gobierno del pueblo, de “los muchos”: para Aristóteles, sin ambages, el “gobierno de los pobres”. Y además la de un gobierno directo, que exigía muy pocas mediaciones institucionales. La democracia moderna se constituyó sobre pilares radicalmente diferentes. Convertida en un gobierno de representantes, la democracia moderna sería, a los ojos de un ateniense quizás, en el mejor de los casos, un gobierno de los aristoi (los mejores), apenas confirmados por un plebiscito regular. El problema que nos señalaría inmediatamente ese ateniense es que, casi siempre, el gobierno de los aristoi degenera o se “corrompe” en gobierno de los oligoi (los ricos y poderosos), los únicos con capacidad y medios para ser conocidos y ratificados por el pueblo.

No queda ahí la cosa. La democracia moderna fue también identificada con eso que llamamos “Estado de derecho”. Estado de derecho quiere decir que el gobierno está sometido a la ley, pero sin ningún componente sustantivo sobre lo que debería ser la ley: autoritario o democrático, punitivo o restaurador. Por eso cualquier régimen antidemocrático puede, caso de tener una judicatura relativamente independiente, declararse también “Estado de derecho”.

De todos modos, algo verdaderamente democrático se ha transmitido en nuestra tradición política. Curiosamente, esta “nota democŕatica” moderna coincide con la ilustración liberal, esto es, con su desconfianza al poder. El poder para los modernos (al fin y al cabo, para nosotros) es siempre sospechoso de abuso, de corrupción. Por eso debe estar sometido a controles precisos. Esto quiere decir, que el poder debe ser transparente, público. En sustancia, de acuerdo a esta tradición, la corrupción no es el resultado de la excepción del poderoso, que se sitúa por encima de la ley, sino del abuso de poder consustancial al poder. Y esta corrupción se produce, en parte, por la falta de transparencia, la falta de publicidad de la política. La corrupción es, como se ve, la forma esencial de las democracias modernas, en las cuales casi todas las decisiones se toman de forma privada y de acuerdo a intereses privados, aun cuando se ajusten a la ley.

la clase política, también la nuestra, ni quiere ni sabe ir más allá. A fin de cuentas, ir más allá supondría empezar a analizar cómo se ejerce el poder en nuestras democracias, y por qué estas son tan propensas a la corrupción

El escándalo del máster, o el no máster, de Cifuentes ha pasado por distintas fases desde que se supiera de la manipulación del expediente de la presidenta. Empezó como un asunto que afectaba única y exclusivamente a la carrera política, ya no tan meteórica, de la exdelegada del Gobierno. Este ha sido el gran asunto que ha ocupado la agenda mediática y política desde entonces. En relación con el mismo se ha hecho un excelente trabajo periodístico y también un trabajo político, ya no tan bueno. Como era de esperar, la política ha ido a rastras del escándalo, ha escenificado la indignación, ha exigido la dimisión de Cifuentes y ha amenazado con mociones de censura. Pero ahí acaba el asunto, la clase política, también la nuestra, ni quiere ni sabe ir más allá. A fin de cuentas, ir más allá supondría empezar a analizar cómo se ejerce el poder en nuestras democracias, y por qué estas son tan propensas a la corrupción.

Posteriormente, el escándalo ha terminado afectando a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), la institución que supuestamente expidió el título, al parecer con toda clase de irregularidades. El caso de la Rey Juan Carlos es interesante porque nos acerca a otra perspectiva. De un parte, muestra algo evidente: esta Universidad ha sido un “chiringuito universitario” del Partido Popular. Chiringuito, por supuesto, pagado con dinero público. Esta Universidad (no obviamente toda la estructura pero sí un buen número de sus profesores y departamentos) ha promovido, sin mucho disimulo, un retiro dorado para una buena cantidad de políticos del partido, ha servido también de espacio de formación de futuros cuadros y además ha sido la incubadora de algunas consultoras y think tanks populares.

La URJC no es, sin embargo, una anomalía. Históricamente, las universidades públicas, depuradas por el franquismo, fueron convertidas en cotos de las familias políticas de la dictadura, especialmente del Opus Dei. En clara línea de continuidad, durante la democracia, las familias políticas del nuevo régimen trataron de hacer lo mismo inaugurando nuevas universidades. Así, lo hizo el PSOE madrileño con la Carlos III o la CiU catalana con la Pompeu i Fabra, por no mencionar una enorme cantidad de ejemplos autonómicos.

Decimos que la Universidad Rey Juan Carlos es un “chiringuito del PP”, pero sería injusto olvidar el papel de otras familias políticas de la democracia, incluso de las más insospechadas. Así conviene recordar el papel que en la URJC jugó IU, mediante aquel célebre defensor del proletariado, Moral Santín, el mismo que se pulió más de 450.000 euros con la tarjeta black de Bankia, y que ejerció una particular influencia sobre la URJC desde su mandarinato universitario en la Complutense. Quizás no sea tan casualidad que dos de las profesoras cuya firma aparece, probablemente falsificada, en el acta de Cifuentes estén vinculadas a IU. En realidad y por ser claros, la Universidad Rey Juan Carlos es un caso límite de los mismos esquemas de prebendas y clientelismo que dominan la universidad española, en algunos casos vinculados al poder político propiamente dicho (los partidos), y en otros simplemente como coto particular del poder académico (los mandarines y cátedros de turno).

La Universidad no es la clase política, y sin embargo pertenece a esa misma galaxia de la corrupción, que inevitablemente se forma cuando el poder no es público y cuando el poder no está convenientemente distribuido “entre muchos”. Pero el caso de la Universidad no es único. Se podría hablar, desde luego, de todo aquello que recibe el nombre de “sociedad civil”, o de una forma todavía más evidente, de ese cascarón público lleno de dinámicas ultrafinanciarizadas que eran las cajas de ahorro. Nótese bien, una modalidad de banca casi pública, privatizada ya antes de su privatización, por una particular alianza de élites políticas e intereses empresariales.

De una forma muy concreta, la “privatización de lo público”, que es la fuente de toda corrupción, se manifiesta en el caso Cifuentes como ejemplo palpable de la degeneración de una institución pública ya de por sí muy degradada, la Universidad

Si se considera el asunto con amplitud, la verdadera cuestión política que se juega en el affaire Cifuentes está por tanto en otro lugar que el de su dimisión. Un lugar que hoy parece ocupar un segundísimo plano para los representantes de la “nueva política”, centrados como están en las tensiones entre partidos y candidatos para dejar cerrada la sucesión de la cabeza de los populares madrileños. De una forma muy concreta, la “privatización de lo público”, que es la fuente de toda corrupción, se manifiesta en el caso Cifuentes como ejemplo palpable de la degeneración de una institución pública ya de por sí muy degradada, la Universidad.

Desde hace 20 años, desde los llamados acuerdos de Bolonia (que trataron de inaugurar el “espacio europeo de educación superior”), se ha impuesto la necesidad de obtener un título de máster, como credencial “valiosa” de estudios. Al tiempo, se asumía sin reparos la devaluación de los títulos medios, los llamados “grados” (antes licenciaturas). La contraparte de este proceso ha sido una nueva ronda de privatización por la puerta de atrás. Donde antes existían ciclos de cinco y seis años plenamente públicos y cursos de doctorado también públicos, ahora hay una inacabable sucesión de másters, extraordinariamente caros y excluyentes. El máster, a pesar de su por lo general mediocre calidad, se ha convertido en el “título que realmente importa”. Y por mucho que estos másters estén promovidos y gestionados por universidades pagadas con dinero público, no dejan de ser espacios de negocio privado bastante poco transparentes, y por ende extremadamente propensos a la “corrupción”.

Frente a este gigantesco problema de “corrupción de lo público”, Podemos y la nueva política, en consonancia con su tradicional propensión al tacticismo más plano, se han limitado a lanzar mensajes dirigidos a empatizar con los padres y alumnos de máster que se sacrifican, tanto en tiempo como en dinero, para sacar adelante los llamados posgrados. En ningún caso se ha llegado a elevar el tiro lo suficiente como para plantear lo que sería el mayor alivio para esos estudiantes y familias, la vuelta a un sistema de estudios superiores plenamente público y transparente, sujeto al más amplio debate académico y ciudadano. Esta ausencia de ambición política sorprende aún más, cuando buena parte de los cargos públicos de la nueva política hicieron su debut en las luchas universitarias contra el Plan Bolonia del espacio superior de educación. Precisamente, aquel movimiento estudiantil se oponía a este sistema de universidad semi privatizada. En resumen, de aquí en adelante, convendría que nos tomáramos muy en serio lo que significa la palabra corrupción, que ciertamente va mucho más de la oportunidad de tumbar a un rival político.

 

Emmanuel Rodríguez (@emmanuelrog) e Isidro López (@suma_cero)

Publicado en CTXT el 10 de abril de 2018