El 6 de mayo de 2017 se abrió en Madrid un nuevo Centro Social Ocupado llamado La Ingobernable. Este espacio de más de 3.000 metros cuadrados y atravesado por todas las mimbres especulativas y de corruptelas de la derecha madrileña apareció como un cortocircuito en medio de la recomposición del centro histórico de Madrid. En el corazón del eje museístico y ubicado en el barrio de Cortes que ostenta el record en densidad de establecimientos comerciales, hoteleros y turísticos de Madrid con cerca de un 85% de su superficie dedicada a estos fines, se abría paso una propuesta que reclama el protagonismo vecinal y de los espacios ciudadanos.

Pero ¿qué significa esto? Madrid y otras grandes ciudades están viviendo diversos movimientos en sus usos urbanos que debemos saber leer. Uno de los más importantes es la definitiva acomodación del espacio a un nuevo ciclo basado en la economía de servicios y su derivada especulativa en el territorio, la denominada turistización. A su lado, nos encontramos con las nuevas formas de precarización de aquellos sectores que han salido más debilitados de la crisis y que trabajan de manera intermitente y con escasos derechos laborales.

Rebeldes sin casa y de trabajo precario.

El mejor reflejo de todo ello es la situación del derecho a la vivienda o el contexto laboral en el que nos encontramos, dos cuestiones donde se muestra la fuerte polarización social y la espiral de precariedad en la que viven muchas personas. De hecho, en las dos semanas posteriores a la aparición de La Ingobernable se producían otros dos actos reseñables y muy sintomáticos. El primero fue la rueda de prensa que daba la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Vallecas donde denunciaban el fuerte repunte de desahucios que vive la ciudad de Madrid -especialmente de Bankia-, y el segundo fue la presentación en Madrid y Barcelona de un nuevo Sindicato de Inquilinos.

Ambas apariciones públicas son una respuesta a la nueva coyuntura que vivimos en lo que se refiere al acceso a la vivienda. Dos movimientos esclarecedores que abren una necesaria reflexión sobre las vías a seguir tras los más de 700.000 desahucios ya ejecutados desde los primeros años de la crisis. Lo cierto es que tras esta oleada de desahucios muchas familias decidieron irse de España al no poder afrontar los gastos más básicos o fueron buscando un nuevo acomodo en precario en casas de alquiler barato. Además de que en los casos de más precariedad optaron por ocupar los inmuebles que diversas entidades bancarias dejaron vacíos después de desahuciar a sus propietarios.

En la actualidad el porcentaje de pisos de alquiler en España ha crecido cerca de un 3% y los precios de los mismos han subido más del 15% en las grandes capitales. Se empieza a cerrar así un círculo vicioso en el que la almendra central de las ciudades se van especializando en el monocultivo turístico mientras que la primera corona metropolitana se plaga de viviendas a precios exorbitantes tanto de alquiler como de venta. A partir de ahí la ola de expulsiones de población del centro hacia las primeras periferias obreras se convierte en un movimiento natural.

El caso de Barcelona es ejemplar, aunque quizás el proceso más vivo y novedoso se está produciendo en Madrid, donde el fenómeno de la turistización es más reciente y explosivo. Sin duda este factor, aunque no en solitario, dota de un nuevo contexto que explica en parte que los desahucios de quienes ocupan casas o de quienes ya no pueden afrontar la subida de los alquileres se disparen. Las nuevas expectativas de negocio han roto muchas de las vías de negociación tácitas abiertas en los últimos años por los movimientos de vivienda y se relanza un nuevo ciclo de consolidación especulativa en el ámbito de la vivienda tras años de frenazo.

El resultado se hace cada vez más previsible. Sólo las rentas más altas podrán habitar dignamente la ciudad. Todo ello a pesar de que el empleo que -según la tópica liberal-, es la mejor política social que existe sube, dejando atrás los peores años del paro, aunque aún con niveles alarmantes. Mejores condiciones en las cifras del paro que -al menos en teoría-, deberían garantizar un proceso de estabilización económica y social en las vidas de muchas familias.

Sin embargo -lejos de esta realidad-, el empleo para muchas personas se muestra antes como un camino hacia la pobreza encubierta que como un mecanismo de redistribución de las rentas. Puede que los datos de paro nos hablen de 1,3 millones de parados menos en los últimos años, pero también debemos saber que el 90% del empleo que se crea es enormemente precario y que más del 40% de los jóvenes menores de 25 años están en paro. España es a día de hoy junto a Grecia y Polonia uno de los países con peores datos de Europa. En concreto somos el país con los salarios más bajos y con la segunda tasa de temporalidad más altas con un 26,1%.

Lejos del triunfalismo de los datos del paro, las cifras deberían preocuparnos. Son ya más de dos millones de personas a las que -a pesar de trabajar de manera continuada-, sus salarios no les llegan para vivir dignamente. En 2015 la Agencia Tributaria hacía público que cerca de 6 millones de asalariados habían cobrado por debajo de 700 euros mensuales, mientras que otros 4,5 millones estuvieron en el entorno de los 1.000 euros, cifras que justifican la voz de alarma que lanzan desde diversas organizaciones sociales y sindicales. También en 2015 un tercio de la población asalariada estuvo en el umbral de la pobreza o con serias dificultades para sobrevivir. Conclusiones que quedan respaldadas por el Instituto Nacional de Estadística que en su encuesta de condiciones de vida constataba que en 2016 un 28,6% de la población española estaba en riesgo de pobreza y exclusión social.

Si tomamos conjuntamente los datos que hemos desgranado en materia de vivienda y aquellos relacionados con la precariedad en el empleo y las condiciones de vida, podremos ver como se están reforzando las líneas de segregación más clásicas.

Se trata de un modelo de desarrollo muy preciso, donde los centros urbanos son lugares de consumo y espectáculo musealizados para el uso y disfrute de las rentas medias y altas, mientras que los barrios periféricos -muy golpeados por la precariedad laboral-, se atascan en una profunda crisis social que adquiere nuevas características y sintomatologías propias de la consolidación del trabajo precarizado.

En las nuevas periferias urbanas concurren desde finales de los años noventa aquellos sectores sociales que nunca lograron remontar la crisis económica de los ochenta, también los jóvenes precarios que en estos barrios soportan cifras de paro de más del 45%, el crisol de nacionalidades que conformó el ciclo migratorio de los primeros 2.000 en España, las mujeres precarizadas en servicios de cuidados, limpieza y domésticos y por supuesto los pensionistas que en su día engrosaron el mercado laboral del desarrollismo español, entre otras muchas biografías.

Diversas culturas, generaciones, diferencias de género y trayectorias vitales unidas en un sinfín de precariedades y atravesados por tres grandes problemas. La dificultad de acceder a una vivienda digna, el paro o la precariedad de empleos que no garantizan la subsistencia básica para poder sobrevivir y un Estado del Bienestar y redes de solidaridad (familiar y afectiva) que suponen el único soporte para que esta situación no salte por los aires.

Hacia un sindicalismo social y precario.

Lo cierto es que el paisaje social es cada vez más disperso. Múltiples biografías y trayectorias se cruzan sin llegar a conjugarse y materializarse en territorios comunes. Sin ese caldo de cultivo la labor política aparece como un esfuerzo titánico de recomposición de imaginarios conjuntos, en un contexto además donde las fórmulas de precarización y dispersión se amplían y multiplican.

La situación en cierto modo podría tener algunas semejanzas con procesos de transformación del pasado, por ejemplo con el movimiento obrero clásico previo a 1864 o los años veinte de la América de Las Uvas de la Ira. Ante aquellas realidades migrantes, diversas y precarias, se articularon formas sindicales que dieron con algunas claves de trabajo muy últiles para inspirar nuestro presente. Siguiendo este hilo podríamos aventurar la hipótesis de que aquellos espacios de lucha y de nueva agregación social y política que inventemos deben pasar por idear nuevas formas sindicales como las que se imaginaron aquellos movimientos en el pasado.

Evidentemente, cuando utilizamos el término “sindicalismo” como concepto inspirador nos referimos a un campo de acción que va más allá de los ámbitos laborales que conocemos. Se trata con esta idea de penetrar en ámbitos donde se incluyen lo laboral y también las formas de supervivencia y trabajo que van más allá del clásico mundo laboral. Sindicalismo social, así podríamos denominar al conjunto de dispositivos colectivos destinados a luchar contra los problemas laborales, de vivienda y sociales que estamos señalando. Un método de trabajo ante todos aquellos problemas que cada cual sufre de manera individual e individualizada y que, una vez articulados a través de herramientas de agregación colectiva, aparecen como problemas colectivos y políticos.

En los últimos años han existido numerosos ejemplos de este tipo de prácticas tanto en sectores laborales ultraprecarizados como en ámbitos no laborales. Sectores como el telemarketing, el trabajo doméstico, los agricultores sin papeles o los hipotecados son buena muestra de ello. Es cierto que todas estas luchas se han apoyado sobre la memoria de los movimientos sindicales y de las luchas pasadas, pero a la vez todas ellas han crecido pisando la realidad actual y afrontando la diversidad económica, de género, cultural, étnica y social que define a las nuevas clases trabajadoras.

Sin embargo, la pregunta sigue siendo ¿cómo organizar mejor estas luchas?¿Desde donde se pueden impulsar?¿Cuál puede ser su espacio en la ciudad? Podemos decir que algunas de las respuestas a estas cuestiones se han dado principalmente desde dos sectores, el primero, más vinculado a determinados ámbitos sindicales de base que han comenzado a acercarse -aunque siempre de manera puntual- a aquellos ámbitos más precarizados que caracterizan cada vez más a las clases trabajadoras españolas y que se alejan de la afiliación sindical más tradicional. El segundo podríamos describirlo en torno a la diversa constelación de colectivos y movimientos que han atravesado en los últimos años los centros sociales autogestionados de toda Europa y que en relación a los movimientos de vivienda, de lucha de personas migrantes o de otros sectores precarios feminizados han jugado un papel muy relevante.

Pero ¿qué puede un centro social?

Y una pregunta más ¿qué pintan aquí los centros sociales? Puede extrañar que citemos aquí y ahora estos espacios, ya que tradicionalmente el papel que han jugado en los procesos de autoorganización no han sido descritos en primer plano. De igual modo que los ateneos o los centros obreros de siglos pasados siempre aparecieron en un discreto segundo plano frente a los sindicatos o los partidos como motores de la organización política, a pesar de que fueron el epicentro de las redes comunitarias y reproductivas de aquellos movimientos. Muy al contrario, podemos decir que los centros sociales en toda Europa han funcionado como la verdadera sala de máquinas de muchos de los movimientos que levantaron al Continente desde finales de la década de los noventa, siendo determinante analizar en momentos como los actuales, cuando se quieren despertar nuevos ciclos de movilización, la importancia de que existan motores políticos de estas características.

El movimiento de centros sociales es una expresión política que se ha ido reproduciendo en toda Europa al menos desde mediados de los años 70. En décadas posteriores tuvo un desarrollo muy significativo en países como Alemania, Holanda, España o Italia. En torno a ellos se agruparon diversos movimientos urbanos que -fundamentalmente conformados por jóvenes-, vinieron a cubrir una parte del derrumbe de la izquierda tradicional desde finales de los 70, abriendo vías de contestación política en los años centrales de construcción del ciclo neoliberal de los 90 y los primeros dosmiles.

Estos centros respondían -especialmente en el caso español-, a segmentos muy determinados de la sociedad afectados por los nuevos modelos de precarización del trabajo y por la absoluta falta de salidas en materia de vivienda. A la reproducción de este modelo político de precarización de los sectores juveniles, extendido con el paso de los años al conjunto del mercado laboral, se le unía un enorme impulso cultural que no encontraba hueco ni respuesta en el marco instituido, dos aspectos que llevaron a producir un ambiente contestatario que terminaría por expresarse en el movimiento de centros sociales y que se concretó en cientos de experiencias repartidas por decenas de ciudades.

Los centros sociales nacieron como sede y como espacios de agregación desde donde dar respuesta a dos cuestiones fundamentales. Primero, a la necesidad de construir formas organizativas que superasen los viejos paradigmas nucleados en torno a los partidos políticos y los sindicatos tradicionales. La segunda, como espacios desde donde organizarse en entornos sociales cada vez más precarizados y diversos, abordando así las nuevas coyunturas sociales de precarización a las que antes hacíamos referencia.

Con ello se impulsaba una línea política fundamental, la autonomía. No en vano los movimientos que se han ido agrupando durante décadas en torno a los centros sociales fueron denominados en numerosas ocasiones como movimientos autónomos. El principio de autonomía recogía un modelo de producción y organización política que no se encuadraba dentro de los parámetros de la izquierda tradicional y que, sobre todo, remarcaba la independencia frente a las instituciones y el sistema político en su conjunto.

Pero los centros sociales no se han presentado sólo como espacios autónomos o independientes de la política realmente existente a derecha e izquierda. Autonomía significaba también la construcción y autoorganización de una crítica directa y radical a los sistemas de representación de las democracias occidentales y al ciclo neoliberal que barría Europa de la mano de la socialdemocracia y los partidos liberales de todo signo.

Se puede decir que los centros sociales siempre se han definido por ser espacios de contrapoder. Lugares que han evolucionado y madurado como instituciones abiertas y de organización democrática, propuestas vivas desde donde construir un nuevo modelo de ciudad y formas diferentes de organización social.

Para ello los centros sociales han ido caminando en cuatro grandes líneas que podrían definir un difuso programa político de la autonomía social. El derecho a la ciudad y el acceso a una vivienda digna sería la primera; la defensa de una cultura popular autogestionada, propia y autónoma, la segunda. La construcción de redes de economía social, solidaria y cooperativista, como una manera de experimentar con nuevos circuitos de economía alternativa, sería la tercera. Y el impulso de redes de autoorganización entre los sectores más precarios de la sociedad sería su cuarta línea de acción. Programa básico que emanaba de las experiencias de los movimientos europeos del post-68 y que tenían en sus bases el recuerdo y la práctica de la Europa antifascista y partisana, de los movimientos feministas y de la perspectiva ecologista como las identidades básicas de su acción política como proceso de construcción de alternativas.

Naturalmente, todas estas tradiciones fueron desbordadas por el 15M, pero tampoco podemos olvidar que una parte de los primeros impulsos del movimiento de las plazas tienen que ver con estos movimientos de corte autónomo y vinculado a los centros sociales. Sin estas tradiciones no se podrían entender en buena parte procesos como los de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, muchas candidaturas municipalistas o la trayectoria de los propios dirigentes de Podemos.

Aunque las mejores aportaciones de los centros sociales no pasa por relatar el ciclo de participación institucional apoyado por una pequeña pero representativa parte de aquellos movimientos, sino que pasa por su capacidad de seguir jugando un papel como contrapoder político, incluso en aquellos lugares donde existen gobiernos del cambio. La esencia de los centros sociales -como actores de contrapoder-, se convierte así en una garantía de creación crítica y control que todo proceso de transformación política radical necesita.

De hecho, si hacemos un repaso de algunas de las prácticas políticas más innovadoras de nuestro país en los últimos años, podremos ver como tras ellas se situaron una buena parte de los tejidos que se agrupaban en torno a los centros sociales. Así, no se podría entender el movimiento de hacklabs y de sowfware libre, antecesor directo de las redes de organización y comunicación tecnopolítica del 15M, sin centros sociales como La Biblio en Madrid o Riereta en Barcelona. Tampoco se podrían entender movimientos como los de V de vivienda y posteriormente de la PAH sin actores fundamentales surgidos de proyectos como Miles de Viviendas en Barcelona o El Laboratorio en Madrid.

También movimientos de precarios encontraron en muchos centros sociales su espacio de encuentro y organización, todos ellos precursores de luchas posteriores en sectores como los movimientos de sin papeles y por los derechos migrantes, los movimientos de mujeres empleadas en el trabajo doméstico o grupos de trabajadores precarios de los más variados sectores. Así fue en espacios como la Casa Invisible de Málaga, El Centro Vecinal El Pumarejo de Sevilla, el Ateneu Candela de Terrassa, El Centro Social A Treu en Compostela o el Patio Maravillas, el Centro Social Seco, La Villana de Vallekas o la Eskalera Karacola entre otros muchos en Madrid.

Aunque lo más interesante es entender estos centros sociales como expresión de un movimiento más amplio. Analizar como estos espacios han sido capaces de tejer redes que dinamizaron desde el movimiento antiglobalización a movimientos de vivienda como la PAH, movimientos de migrantes o asambleas del 15M. Además de que por supuesto debemos señalar que tampoco se entendería sin su presencia el origen y evolución de algunos de los equipos que han jugado un papel central en la construcción de las candidaturas municipalistas de ciudades como Málaga, Sevilla, Madrid, Barcelona, Zaragoza o A Coruña, por citar algunas.

Algunas interpelaciones políticas.

Esta trayectoria, quizás ahora desdibujada por el protagonismo que han adquirido las apuestas institucionales, debe servir de guía para nuevos ciclos de lucha. Los efectos en materia de vivienda y precarización que hemos visto no son más que el síntoma de que las bases de la crisis global siguen intactas y que sólo las políticas de estabilización marcadas desde la Unión Europea para evitar un descalabro total de la economía española contienen los avances más rápidos de los recortes en derechos sociales y políticos, además de permitir que el PP se mantenga en un difícil equilibrio de poder.

No se puede negar que la apuesta institucional ha tenido un relativo éxito en la aritmética electoral, hecho fundamental para entender el momento en el que nos encontramos. Pero también es cierto que ha resultado ineficaz a la hora de resolver la necesaria construcción de movimientos sociales organizados y capaces de fijar al territorio los cambios que se persiguen. De alguna manera, la hipótesis de los movimientos populares que auguraba Podemos se ha demostrado fallida.

En consecuencia, nos encontramos que en el campo de la construcción autónoma de contrapoderes sociales, afrontamos un doble dilema. El primero, que la realidad social avanza en su caracterización más precaria y el segundo que tanto las apuestas movimientistas, en fase de impasse desde el inmediato post15M, como la promesa de articulación de un movimiento popular a través del atajo partidista e institucional, están sin rumbo y a la deriva.

Todo ello abre una nueva oportunidad de pensar formas de organización que recuperen los principios básicos de autonomía y contrapoder, pero para ello se requiere pensar nuevos dispositivos de sindicalismo social que actúen sobre las bases materiales de una crisis que, tomando un símil de la naturaleza, ha dejado de aparecerse como un incendio a campo abierto y ha pasado a ser una suerte de bosque de turba en constante combustión subterránea.

Los ejemplos de la PAH y esperemos que del sindicato de inquilinos invitan a pensar en una alianza que obligue a las tendencias de base del 15M y de todos aquellos actores posteriores a que bajen al barro de las precariedades y de la crisis que no cesa. Es ahí donde los centros sociales deben servir de espacios de cruce y agregación, de red de solidaridad y apoyo mutuo capaz de relanzar alianzas sociales de lucha contra las precariedades, la pobreza y al exclusión. Es ahí donde se debe construir también la Europa popular y partisana que cierre las puertas al neofascismo creciente y también debe ser el lugar donde la política vuelva a encontrase con formas organizativas que se sacudan el estrecho marco del hecho institucional y reabran ciclos destituyentes que empujen al conjunto de las herramientas políticas que apuestan por una revolución democrática, incluidas las propuestas de participación institucional, a llegar cada día más lejos.

En esa coyuntura el papel de los centros sociales como espacios de agregación y de cruce entre diversas experiencias es fundamental. A modo de laboratorio donde las prácticas políticas que se produzcan en la ciudad encuentren un espacio de trabajo y desarrollo que permitan impulsar estas iniciativas y arraigarlas en el territorio a la vez que se mezclan y encuentran con otros procesos que ayuden innovar en torno a estos espacios de organización.

Pablo Carmona (@pblcarmona)

Publicado en Viento Sur Nº 152