La semana pasada nos atragantamos con una noticia: el Banco de España admitía que se han perdido 60.000 millones de euros en los rescates y la reestructuración de las cajas de ahorro. Nada, una ganga. Es tan poco que resulta feo mencionarlo. Quizás habría que reconocer alguna imprudencia, como la promesa de PSOE y PP –que en esto fueron de la mano– de que el rescate no costaría un euro al erario público. Pero poco más.

Y sin embargo, esta cifra ridiculiza a muchas otras partidas de gasto público para las que, según el discurso oficial, no hay dinero. Por poner ejemplos cercanos, 60.000 millones es el equivalente a tres veces el presupuesto anual de la Comunidad de Madrid, o dos veces el de Andalucía y Cataluña. Con ese dinero se podría haber pagado casi nueve veces el presupuesto anual de la sanidad pública madrileña o de la catalana. En términos de competencias estatales, se podría haber pagado tres veces el subsidio de desempleo. Y la mitad de las “insostenibles” pensiones.

Recordemos: la reestructuración de las cajas de ahorro mediante el FROB, impuesta por Europa en el año 2011, se presentó como un proceso de reestructuración bancaria, privatización y concentración de estas entidades financieras españolas, para evitar que todo el sistema financiero español y europeo se viera afectado por su situación de quiebra técnica tras la larga burbuja inmobiliaria de 1997-2008. La posible gravedad de un colapso de estas instituciones financieras “de cercanía” parecía justificar que no se repararía en gastos para esta operación de rescate.

Pues bien, estas abismales perdidas por la operación de rescate de las cajas ni siquiera han garantizado la estabilidad del sistema financiero. Hace una semana quebró el Banco Popular. La venta del mismo al Santander se hizo a coste cero, sin olvidar el detalle –también feo– de que el tinglado de Ana Patricia se lo va a cobrar en exenciones fiscales. En Europa, donde también se temía que una quiebra provocada por los balances de las cajas españolas contagiase a todo el sistema financiero, se acaba de rescatar el banco de Monte dei Paschi italiano, de nuevo con la intervención de Bruselas. En general, y a pesar de las enormes cantidades destinadas al rescate bancario en estos años, se está más cerca de una nueva crisis financiera que de haber superado la crisis.

Como se sabe, en la era de la financiarización, la contabilidad es mas parecida a una operación de marketing que a un cálculo exacto. En realidad, cada presentación pública de cuentas es una especie de proceso experimental, que juega con una enorme cantidad de posibilidades y formas de valorar el debe y el haber. Se explica así que el Banco Popular pasase con nota los llamados test de estrés del Banco Central Europeo, para sólo unas semanas después conocer su quiebra. En la inmensa mayoría de los casos, las cuentas están tuneadas a fin de tranquilizar o atraer a los inversores, a los agentes financieros y a los medios de comunicación. Estamos, además, seguros de que la cifra “60.000 millones” es el cálculo mas conservador de las pérdidas que los rescates han ocasionado. Aquí un único dato de que la cifra final debe ser mucho mayor: la desvalorización de los activos del Banco Malo, la SAREB, no está computada en esta operación.

A todo esto conviene añadir que estos 60.000 millones no han rendido ninguna función social en estos años de depresión social y pauperización de masas. Por no existir, no ha existido ni crédito a las familias, pero tampoco a las empresas. Ha sido una simple operación de atesoramiento de liquidez por parte de las instituciones financieras salidas del proceso de reestructuración. Una operación que ha funcionado en la línea de otras medidas europeas, como las bajadas de tipos de interés interbancarios –hasta el punto de sostener un interés negativo– o las compras masivas de deuda del BCE. El objetivo estaba en ofrece liquidez a las entidades bancarias sin que estas, afectadas por una situación de bajísima rentabilidad en los procesos productivos de la economía “real”, hayan sido capaces de generar ni una mínima inversión socialmente significativa. La única contratendencia a este proceso no es muy alentadora. A través de los fondos especializados, estos capitales se han lanzado sobre algunas formas clásicas del capitalismo patrimonialista español. Es el caso de la reciente burbuja de los alquileres en el centro de las grandes ciudades, azuzada –también de una forma folclóricamente hispana– por el incremento sostenido del número de turistas.

En términos políticos, es una paradoja que el liberalismo carpetovetónico condene la reestructuración. Desde Juan Ramón Rallo a Luis Garicano sostienen que las cajas eran banca pública y que la culpa de su quiebra es de los políticos. Todos los argumentos de este sector “liberal” se centran en QUIÉN estaba en los consejos de administración. El análisis de lo que hacían las cajas, obviamente, se deja a un lado. Siguiendo su peculiar línea de análisis, Endesa o Gas Natural ya serían públicas. Al fin y al cabo, sus consejos de administración están repletos de politicastros.

En este balbuceo, subyace de todos modos un prejuicio liberal de mas enjundia. El Estado es presentado como enemigo de los negocios y de lo privado. La verdad, sin embargo, es que el ciclo neoliberal ha sido todo lo contrario: la conquista del Estado por los negocios y los intereses privados. Aquí reside la permanente contradicción entre el liberalismo dogmático, y su rechazo de todo lo estatal, y el liberalismo realmente existente, que sabe que el capitalismo, tal y como lo conocemos, sería simplemente imposible sin la conquista del Estado. No ha habido una sola coyuntura histórica en la que los primeros hayan terminado plegándose a los segundos.

Valga decir que si de algo era ejemplo la burbuja española, envidia del mundo capitalista entero, fue del uso de hasta la última capacidad institucional del Estado, incluyendo administraciones autonómicas y locales, así como el impulso de la Unión Europea, para extender al máximo la potencia y capilarización de la burbuja. La burbuja fue un modelo sistémico. En éste estaban incluidos desde los beneficios de bancos y grandes empresas, hasta los niveles de consumo de las clases medias a través del crédito y el ascenso de los precios de los activos patrimoniales. En un marco en el que Estado y finanzas van de la mano, decir que “había políticos” en los consejos de administración de las cajas de ahorro sería una trivialidad irrelevante, de no ser porque esta interpretación abre la puerta a la incomprensión de los determinantes sistémicos de la economía española y a su repetición en términos ligeramente diferentes.

Recordemos lo que hacían las cajas durante los años de la burbuja: ofrecer hipotecas en masa, comprar suelo y extender créditos al promotor inmobiliario. Todo ello a rentabilidad de dos dígitos en los buenos tiempos y cada vez más dudosa a medida que avanzaba el ciclo. Esos préstamos se titulizaban, se convertían en títulos negociables y se vendían en los mercados globales. Exactamente lo mismo, tanto en lo que se refiere a la multiplicación del crédito como a su financiación, que hacia toda la banca estadounidense y europea. La única diferencia entre lo que hicieron las entidades privadas americanas, con las hipotecas subprime, y lo que hicieron las cajas es que, por ley, el 50% de los riesgos de las titulizaciones era retenido por la caja emisora, mientras en EEUU la entidad emisora se desprendía del 100% del préstamo. Ese 50% es el agujero de las cajas.

Las cajas quebraron exactamente por los mismos motivos y debido al mismo modelo bancario que llevó a la quiebra a Lehman Brothers y al interminable rosario de bancos privados rescatados durante la crisis. Si BBVA y Santander se libraron fue porque su posición neocolonial en los mercados latinoamericanos les permitía mantener más depósitos que préstamos. Es decir, dinerito contante y sonante frente a títulos respaldados por hipotecas incobrables.

Ni por un segundo se puede sostener que el rescate de las cajas ofrece argumentos en contra de la banca pública, tampoco a favor. Simplemente no tiene nada que ver. La función de la banca pública es financiar proyectos económicos estratégicos de utilidad social. Cabalgar hasta la agonía las burbujas inmobiliarias no es exactamente eso. Viene al caso aquí recordar una vieja, e importante, distinción de origen marxista entre la “propiedad formal” y la “propiedad real”. Las cajas eran formalmente organismos semipúblicos, pero en términos reales operaban como bancos privados con ciertas restricciones. Las cajas estaban más relacionadas con la posición subalterna de la economía española que con su régimen formal de propiedad semi pública.

Pero si las cajas no eran exactamente banca pública, cabe preguntarse en qué consistiría una banca pública hoy. Como sucede con cualquier otra dimensión de la propiedad pública, una banca pública difícilmente debería escapar a alguna forma de paso de lo público a lo común o, dicho de otro modo, a alguna forma de control democrático que ejerza de contrapeso al control del Estado por las finanzas. Sea como sea, en la reforma de las cajas —la de los 60.000 milloncejos perdidos— lo que se ha hecho es eliminar cualquier posibilidad de que las cajas sean banca pública. El proceso de reestructuración bancaria es una privatización como las de la sanidad o la educación. Hemos perdido unas instituciones que tenían la posibilidad de funcionar de otra manera y encima a un coste exorbitante.

 

Isidro López (@suma_cero) y Emmanuel Rodríguez (@emmanuelrog)

Publicado en CTXT el 21 de junio de 2017